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Comisión Europea investiga a Meta por procesamiento ilegal de datos

Meta enfrenta una creciente presión en Europa por acusación de recopilación ilegal de datos, desencadenando una batalla legal por presuntas violaciones a derechos.

Comisión Europea investiga a Meta por procesamiento ilegal de datos
Comisión Europea investiga a Meta por procesamiento ilegal de datos

La Comisión Europea y grupos de defensores de los derechos del consumidor han formulado graves acusaciones contra Meta, la empresa de Facebook e Instagram, alegando que lleva a cabo una operación "masiva" e "ilegal" de recopilación de datos de cientos de millones de usuarios en la región.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC), que agrupa a 45 entidades defensoras de los consumidores, informó que ocho de estos grupos presentaron quejas ante las autoridades de protección de datos de sus respectivos países, sosteniendo que Meta recolecta información excesiva sobre sus usuarios, incluyendo datos para inferir aspectos como su orientación sexual, estado emocional y susceptibilidad a la adicción, sin obtener su consentimiento libremente.

Los grupos argumentan que las prácticas de Meta violan partes del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la legislación de privacidad de la Unión Europea. Aseguran que, mediante estas prácticas ilegales, Meta alimenta un sistema de publicidad basado en vigilancia, rastreando a los consumidores en línea y recopilando grandes cantidades de datos personales para dirigirles anuncios.

La BEUC señala que estas acciones podrían exponer a Meta, ya bajo un intenso escrutinio regulatorio en Europa, a nuevas acciones legales, después de una multa récord de 1.200 millones de euros impuesta el año pasado por violar las normas del GDPR.

A pesar de los esfuerzos anteriores de la empresa para cumplir con el GDPR, la BEUC sostiene que la oferta de un servicio de suscripción por parte de Meta representa una elección "injusta y engañosa" para los usuarios, ya que el procesamiento de datos no es transparente. Este enfoque de "pago o consentimiento" ha sido previamente señalado como una práctica comercial injusta y "agresiva" prohibida por la legislación de la Unión Europea, según la organización.